Recuento legislativo

Juan Pablo Figueroa Mansur

El Congreso mexicano desapareció en momentos en los que debía haberse reunido para plantear legislación en torno a los problemas derivados del COVID-19. Es cierto que todo coincidió con el periodo de la Comisión Permanente, y que es peligroso reunir a 500 diputados y 128 senadores (más personal administrativo, técnico y de mantenimiento) dentro de los recintos legislativos, pero es hasta este momento cuando empiezan a plantearse la virtualidad como una opción para continuar con la labor parlamentaria.

Con sus limitaciones, muchos congresos locales han puesto el ejemplo sobre cómo es necesario no detener la labor de representación legislativa, porque no se trata solamente de aprobar leyes, sino de fiscalizar el ejercicio del presupuesto por parte de los ejecutivos de forma permanente. Según el quinto reporte de Congresos Virtuales y Legalidad en Pandemia de COVID-19 de Visión Legislativa, 24 de 32 congresos locales reformaron sus leyes orgánicas o reglamentos para poder adaptarse a la modalidad virtual en las sesiones plenarias y de comisiones.

Los congresos locales son más pequeños en número de personas que lo que representa el Senado, ya no hablemos de San Lázaro. Es por esa razón que algunos congresos han seguido sesionando de forma presencial con medidas de seguridad sanitaria, y han aprobado reformas que ponen en riesgo la democracia constitucional; destaca el ejemplo de Baja California donde desaparecieron al Consejo de la Judicatura local en un claro enfrentamiento contra el Poder Judicial de la entidad. Otro ejemplo fue la amplísima reforma político electoral de Veracruz que fue señalada de antidemocrática por el PAN, PRI y PRD locales a través una acción de inconstitucionalidad ante la Corte.

Si hablamos de temas de presupuesto, descubrimos las facultades extraordinarias dadas a los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por parte de los congresos de cada entidad. En esos casos hablamos de cesión de facultades presupuestarias del Legislativo al Ejecutivo, hecho que pone en riesgo la división de poderes.

Otro hecho que ha llamado la atención en el Congreso federal es el crecimiento artificial de la bancada del PT en San Lázaro para el control de la Mesa Directiva, o el hecho de que la senadora priista Vanessa Rubio pidiera licencia en momentos en el que su grupo político es investigado por corrupción. Como si lo que representara una curul o un escaño se tratara de un juego donde el compromiso cívico-político no vale nada. Este hecho me recuerda cuando Alonso Lujambio ejerció hasta el último minuto de su vida su responsabilidad legislativa, aun cuando este sufría una enfermedad terrible que acabó con su vida.

Si es que avanza la discusión sobre las sesiones virtuales en la Cámara de Diputados o el Senado, es necesario que la reforma quede escrita en términos claros, de tal forma que no haya espacio para que la mayoría morenista aproveche estas sesiones para actuar con opacidad, agandalle y discrecionalidad. Se deben especificar bajo qué supuestos y bajo qué situación se puede convocar a una sesión virtual; quién, cómo y cuántos días antes la convocan; cuáles son los temas que pueden discutirse, etc. Ojalá sea esa una oportunidad para modernizar el Poder Legislativo federal y continuar con su trabajo de forma eficiente y legal.

@jpfmansur