Lozoya y los ciudadanos que ya no creían en los partidos políticos

Por: Estefanía Porras

El caso Odebrecht lleva por lo menos cuatro años sacando a la luz casos de corrupción en varios países de América Latina. La que parecía ser una pandemia extendida que derivó con la detención de diversos funcionarios en otros países, en México no terminaba por concretar nada.

Sin embargo, el panorama cambió a inicios de 2020 con la detención en España de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos y principal operador de la campaña electoral de 2012 de Enrique Peña Nieto. Lo anterior, ha puesto sobre la mesa los vínculos de la clase política mexicana con la empresa brasileña.

Lo interesante de este caso, más allá de las opiniones partidistas que celebren o rechacen la cacería de políticos, es que mediáticamente solo se ha prestado atención a los actos de Lozoya como el lavado de dinero. Si bien se espera que brinde más nombres para conocer quiénes participaron en la estafa, lo cierto es que no suele mencionarse que parte del dinero tuvo como fin el financiamiento para las campañas del Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral de 2012. De manera que, todos los triunfos generados en dichas elecciones por el PRI podrían vincularse con un recurso ilícito ascendiente a 4.000.000,00 dólares.

Considerar esto resulta medular. No solo se trata de un ingreso ilícito dentro de procesos políticos (que bien podrían atribuirse a personas particulares, en este caso a Lozoya), sino que hay una acción deliberada por parte de una institución partidista para transgredir los mecanismos de control de poder instaurados por el Instituto Nacional Electoral.

Recordemos que cada país democrático es diferente y determina de manera autónoma cómo hará la sucesión de poder. En el caso mexicano, la historia de elecciones fraudulentas y procesos viciados por el PRI, tuvieron como resultado un mecanismo de financiamiento mixto hacia los partidos, es decir, público y privado. Todo con el fin de brindar oportunidades a partidos pequeños, diversificando la oferta electoral y evitando que quien tenga más, gane más.

Si bien en México, acostumbrado a las malas prácticas, siempre se ha cuestionado el que los partidos respeten el tope de financiamiento privado, o que transparenten de manera adecuada cuál ha sido su uso, ésta sería la primera vez donde podría confirmarse financiamiento ilícito con base en el cual, se establecieron compromisos fuera de la ley con un particular.

Los escándalos de corrupción no son cosas nuevas. Serán las declaraciones de Lozoya y la evidencia disponible, elementos que determinarán si por primera vez, las figuras más importantes en la historia inmediata de un partido adquieran responsabilidades en actos de corrupción.

A los ciudadanos, no nos queda mucha tela de dónde cortar, cuando los nombres de expresidentes panistas salen en los juicios a narcotraficantes en Estados Unidos, como receptores de sobornos. Aunque esta información tampoco ha sido verificada, no hace más que contribuir en enterrar la credibilidad de los partidos mexicanos.

Ninguna opción está limpia, ni siquiera el inmaculado partido ganador, Morena, que ha recibido con brazos abiertos a todos los chapulines que vieron su barco hundirse y buscaron mejor puerto.

No hay reglas que corrijan lo suficiente, no hay nuevas camadas que instauren nuevas prácticas. El sistema de contrapesos debe de equilibrarse y es la sociedad civil la que podrá, por medio de la organización, eliminar poco a poco lo que nos mantiene como una de las naciones más desiguales en el mundo.