La cacería de brujas

EDUARDO PIEDRA

Los ideales sobre el funcionamiento de las democracias incluyen un sentido moral que permita un sano ejercicio del poder y un compromiso ético sobre las finanzas del Estado. Es sabido que siempre existe la posibilidad de que la clase política adopte conductas despóticas y corruptas. Dado que es una situación de difícil control, la respuesta reside en la rotación de poder. De ahí la importancia de las elecciones.

Idealmente cuando se tiene un mal gobierno, la solución se encuentra en cambiarlo o esperar al siguiente proceso electoral, castigarle a él y al partido que representa. Sin duda, hay adecuaciones al anterior proceso que permite una mayor certeza, tal es el caso de la reelección que funciona como incentivo para que los gobernantes desempeñen un mejor papel y continuar en el gobierno.

Sin embargo, aparece una lista de interrogantes no considerada del todo: ¿qué sucede con aquellos que su desempeño fue deplorable y ya no se encuentran en el poder?, ¿cuál es su papel dentro del sistema político?, ¿deberíamos responsabilizarles con alguna especie de condena?, ¿a qué cargos públicos aplica?

En México, quienes gobernaron constituyen una pieza relevante dentro del sistema político, en tanto algunos vuelcan hacia otros puestos de poder ya en el aparato estatal o en las filas de sus partidos políticos. Así, el ideal de la oxigenación política como respuesta ante un mal gobierno no parece existir y por tanto, no contribuye a solucionar nuestros males.

No se puede negar que hemos tenido malos gobernantes, cuyas decisiones fueron aún más terribles que sus personalidades o sus amistades. Y es intuitivo pensar que por sus acciones deben recibir una condena pública o jurídica. Aunque eso también da para pensar sobre quién debe iniciar un proceso legal en su contra, ¿deberían los partidos y legisladores promover ese tipo de juicios y condenas?

La respuesta es no. Los partidos políticos y los legisladores no tienen la autoridad moral para iniciar un castigo contra un exmandatario, en tanto, estos pertenecen también al sistema político y son susceptibles a fallar. Desde lejos, la idea de que funcionarios inicien juicios contra exgobernantes parece muy conveniente para los primeros, es suerte de blindaje.

Enjuiciar y señalar a los responsables de los errores de este país es una buena modificación al sistema político. Habrá quienes digan que es una cacería de brujas donde el que no cae, resbala. Y no están errados. Pero un país como el nuestro lo necesita. Hay que ponerle nombre, cara y condena a quienes han tirado los intereses del Estado por la borda.

No obstante, hay que continuar pensando el quién debe hacerlo. La consulta ciudadana puede dar un norte sobre el proceder del mecanismo, más no es una solución acabada que deba plantearse de la manera tan apresurada como se pretende.