Federación, estados y fiscalías: Guanajuato

Por: Juan Pablo Figueroa Mansur

El pasado 1 de julio de 2020, asesinaron a 27 personas en un centro de rehabilitación en Irapuato, Guanajuato, esto mientras el presidente López Obrador, su gabinete y seguidores festejaban los dos años de su victoria electoral. “La autoridad no sirve para nada”, declaró desconsolada Rosa, la madre de tres de los jóvenes asesinados: Oscar, Christian y Giovani, este último no estaba anexado, coincidió desgraciadamente que ese día fue a visitar a sus hermanos y le tocó la masacre. Desde esa noche, las familias de todas los fallecidos no han podido encontrar consuelo ni justicia.

En México, y de manera especial en Guanajuato, la gente ya perdió la confianza en las instituciones de seguridad, ya sean militares o civiles; ya perdió la confianza en las instituciones de procuración y de administración de justicia, las cuales son y deberían ser esenciales para que los familiares de las víctimas puedan hallar cierta tranquilidad o justicia, sobre que, quien cometió el crimen se encuentre tras las rejas.

Ana Laura Magaloni escribió en su columna más reciente del periódico Reforma que “la Fiscalía debería ser la bisagra que une al mundo policial con el mundo jurisdiccional”, ella encuentra que aumentar la probabilidad de éxito de una estrategia de seguridad implica necesariamente desarrollar y mejorar la capacidad institucional de las fiscalías, mejores conocidas como ministerios públicos.

Si bien el debate en México se ha dado sobre la importancia de la autonomía constitucional de estos órganos de procuración de justicia, no se ha hablado mucho sobre la necesidad de mayores recursos humanos, monetarios y tecnológicos de estas instituciones. Digámoslo claro, las fiscalías actualmente, sean o no autónomas, no pueden competir con la avasallante cantidad de dinero e inteligencia del crimen organizado. Existen todos los incentivos para que los funcionarios de dichos órganos se corrompan, sufran amenazas o simplemente se hagan de “la vista gorda” frente a situaciones a las que no son capaces de resolver. Son necesarios más recursos para tener mejores peritos y desarrollar una policía criminal de investigación profesional. Magaloni concluye que “sin justicia, no habrá seguridad”.

Todas estas ideas parecen obvias, pero no lo son, más en un país que ha optado por las balas y la fuerza pública, antes que por el mejoramiento de las instituciones de procuración de justicia. Es el mismo cuento, las entidades federativas reclaman que la Federación les ha abandonado, y de forma análoga, la Federación culpa a las entidades federativas diciendo que éstas no han actuado adecuadamente. Todo ese intercambio de culpas no termina nunca en nada, más que en operativos donde detienen a unos cuantos supuestos delincuentes, los mismos que serán liberados pronto por fallas en el debido proceso y violaciones a los derechos humanos. Claramente esto no detiene el ciclo de violencia, sino que lo agrava y lo perpetúa.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato ocupaba el 5to lugar entre las entidades con mayor incidencia en delitos de robo de hidrocarburos hasta mayo de 2020. La materia de este delito es del fuero federal, es así que el Gobierno de México debe perseguir estos delitos si quiere cortar el flujo de dinero que alimenta a las organizaciones criminales; la Fiscalía debe hacer lo suyo e integrar bien las carpetas. Hacer ambas cosas requiere de coordinación y un pacto entre el estado y la Federación, la entidad federativa y las fiscalías de ambos ámbitos. Hacer que las cosas sucedan, requiere que las fuerzas políticas se comprometan a caminar en un mismo sentido, pero en serio, sin politiquería porque hay vidas en juego.