EL MATRIMONIO IGUALITARIO EN GUANAJUATO

EDUARDO PIEDRA

Quienes integran el poder legislativo representan la diversidad de realidades y experiencias que atraviesan a la ciudadanía. Así, el trabajo legislativo señala la constante modificación de leyes, códigos y ordenamientos que conducen la vida, pues los derechos se crean, evolucionan y modifican, todos por igual. Por esta razón, resulta nocivo que se ignoren ciertas demandas.

Puntualmente, la población LGB de México ha buscado que las y los legisladores de este país se pronuncien a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo y adecuen los códigos y reglamentos necesarios para tal fin. El tema ha sido escabroso para aquellos partidos políticos que se ubican dentro del ala conservadora del espectro ideológico - tales como Acción Nacional – quien se ha opuesto rotundamente, negando derechos y libertades a un sector históricamente discriminado.

Desde el año 2000, algunas personas LGB han buscado conseguir una ley que dote de derechos a quienes, libremente, deciden formar una familia. Como parte del fenómeno político de la llegada de la izquierda a la capital del país, no resulta extraño que la Ciudad de México fuera la primera en intentar resolver el asunto con una Ley de Sociedades de Convivencia durante el 2006. Tal ley no contemplaba, entre otras cosas, la posibilidad de adopción, por lo que sería hasta el 2010 cuando se hace una legislación claro que sí reconoce el derecho a formar un hogar entre personas del mismo sexo.

Desde entonces, el país ha experimentado un avance parcial y ambiguo. Pues el precedente de la Ciudad de México colocó a la sociedad civil LGB y a figuras aliadas en busca de nuevas estrategias para facilitar los matrimonios igualitarios y demás demandas fuera de la burbuja de derechos de la Ciudad. De ahí que entre 2010 y 2015 mediante amparos y cabildeo legislativo el tema del matrimonio igualitario fuera posible en algunos estados. El 12 de junio de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la resolución de jurisprudencia 43/2015 donde señala que las leyes estatales que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales. Esta tesis jurisprudencial alude a que es incorrecto pensar que el matrimonio tiene como finalidad la procreación, pues en realidad cumple otras funciones sociales y por tanto habría que ampliar las definiciones que existen en los códigos civiles. Si bien, la emisión de tal jurisprudencia significa una relativa libertad para el matrimonio igualitario, esto no se traduce en un ordenamiento federal que expresamente lo permita, habría que diseñar una ley federal o instar a los legisladores locales para cumplir con tal jurisprudencia.

En el caso de Guanajuato, el tema es bastante decepcionante. Desde febrero de 2013, la que fuera diputada del PRI, Erika Arroyo, presentó una iniciativa similar a la que surgió en la Ciudad de México; sin embargo, la propuesta fue archivada en junio del mismo año. Posteriormente, en febrero de 2014 algunos diputados del PRD y PRI elaboraron un segundo intento, pero lamentablemente la propuesta sigue “congelada” en la Comisión de Justicia. De cara al 2018, el diputado del PRD Isidoro Bazaldúa presentó una iniciativa más completa para modificar algunos artículos del Código Civil en relación con el matrimonio igualitario. En ese contexto, con la labor de la SCJN resultaba difícil de creer que la legislatura guanajuatense se opusiera y desconociera un ordenamiento superior. No obstante, sucedió. El tema quedó congelado por dos motivos: 1) La poca respuesta de parte de la sociedad civil en las mesas de trabajo y 2) Que la bancada panista, mediante la dirigente de la comisión de Justicia, la diputada Cristina Márquez Alcalá contribuyeron al estancamiento del tema bajo el pretexto de no ser un tema prioritario para los guanajuatenses. Quizá esta razón fuera determinante, pues no es la primera vez que las y los legisladores de Acción Nacional se oponen a la reconfiguración de derechos y libertades, basta recordar lo sucedido hace un par de meses con relación a la Interrupción Legal del Embarazo.

Con todo, el 2 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lanzó un exhorto que les recuerda a nuestros legisladores y legisladoras que el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo sí debe ser prioritario. En el texto, la CNDH menciona la labor de la SCJN y recuerda que el Artículo primero Constitucional, en su párrafo quinto, prohíbe la discriminación a razón de cualquier característica inherente a las personas y señala que en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se sostiene que las obligaciones relacionadas a esta materia deben ser acatadas por quienes son servidores y servidoras públicas, así como las instituciones de este país.

Desde entonces el tema ha sido apenas y tocado. El partido de MORENA presentó una nueva iniciativa de matrimonio igualitario que se turnó a la Comisión de Justicia. No obstante, el asunto parece que se quedará ahí, congelado de nuevo. La renuencia disfrazada de benevolencia y silencio que sostiene la actual legislación guanajuatense únicamente limita la posibilidad de conformar una vida en familia. En un estado que se jacta de ser la Grandeza de México, resulta incongruente que no busque garantizar una adecuación en materia de derechos humanos y diversidad sexual. Habrá que seguir insistiendo a quienes legislan que las personas LGB somos ciudadanos y, por tanto, se debe poner empeño en hacer las adecuaciones legales correspondientes.